El Pleno aprueba el Proyecto de modificación de Ordenanzas fiscales y normas de precios públicos, que se someterá a exposición pública un mes
El proyecto, aprobado esta mañana de forma inicial, se publicará en el Boletín Oficial de Navarra y se someterá a un periodo de exposición pública de 30 días hábiles, para su aprobación definitiva a mediados de diciembre, una vez informadas e incorporadas, en su caso, las posibles alegaciones al texto.
El proyecto incluye la modificación de cinco ordenanzas fiscales (las ordenanzas 0, 1, 9, 11 y 13) y de seis normas que afectan a los precios (normas 1, 2, 5, 6, 7, y 9). Incluye además un informe que justifica la fijación general de precios públicos inferiores al coste en once normas: desde el uso de instalaciones deportivas, servicios municipales para personas mayores y comedor social, hasta el servicio de atención a domicilio, la matrícula en la escuela municipal de artes y oficios y en la de música ‘Joaquín Maya’, la prestación de servicio educativo-asistencial en escuelas infantiles municipales, o la inscripción en cursos y actividades organizadas por el Ayuntamiento, entre otros. En todos estos casos, el precio inferior al coste se viene realizando desde hace años y está justificado por razones de índole social, educativa o cultural, o de promoción de la salud y el deporte.
El proyecto no introduce variaciones en el IAE, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, el impuesto sobre viviendas desocupadas, las contribuciones especiales, la prestación de servicios del cementerio municipal, la apertura de zanjas en la vía pública, o el estacionamiento de vehículos en la zona azul, naranja o roja, entre otros. La mayor parte de tasas y precios públicos se congelan para el 2016.
Mayor reducción de precios, en función de renta
El proyecto recoge la modificación de seis normas reguladoras de precios públicos, la mayor parte de ellas se orientan a referenciar las reducciones en precio al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) para mantener los precios actualizados (el IPREM se publica todos los años) y se introduce además una mayor progresividad en los descuentos, que pasan del 50% (máximo actual) hasta el 90%, siempre de forma progresiva en función de la renta.
Así, para uso de instalaciones deportivas hasta ahora se contemplaba una reducción de precios del 50% para rentas inferiores al salario mínimo interprofesional. El proyecto referencia la reducción al IPREM y lo amplía de forma progresiva, siendo mayor la reducción cuanto menores son los ingresos de la unidad familiar. La reducción va desde el 90% para unidades familiares con ingresos inferiores al IPREM hasta el 10% para unidades con entre un 170% y 180% del IPREM. Además, esto no sólo se aplicará a los abonos sino también a las entradas diarias.
De la misma forma, los precios de la matrícula en la Escuela Municipal de Artes y Oficios Catalina de Oscáriz y en la Escuela de Música Joaquín Maya tendrán reducciones del 90% para unidades familiares con ingresos inferiores al 1,25% del IPREM (en el caso de un miembro), 1,50% del IPREM (dos miembros) y un 0,26% adicional del IPREM al tramo anterior por cada miembro que se añada en la unidad familiar. Hasta ahora, las normas contemplaban únicamente reducción del 50% del precio para ingresos entre el 50% y el 100% del salario mínimo interprofesional.
En el caso de los precios públicos de cursos y actividades que organiza el Ayuntamiento de Pamplona o sus organismos autónomos se da un salto mayor: se amplía la reducción de precios al conjunto de los ciudadanos en función de su renta. Hasta ahora, la reducción de precio vinculada a los ingresos sólo estaba contemplada para personas que percibían pensión de viudedad inferior al salario mínimo interprofesional (se les reduce el precio en un 50%). El proyecto tiene en cuenta a todas las unidades familiares y prevé la reducción del 90% del precio: como en el anterior caso, esta reducción se aplicará a unidades familiares con ingresos inferiores al 1,25% del IPREM (en el caso de un miembro), 1,50% del IPREM (dos miembros) y un 0,26% adicional del IPREM al tramo anterior por cada miembro que se añada en la unidad familiar.
También se referencian al IPREM los precios públicos del servicio de alojamiento de emergencia en apartamentos municipales. En este caso las cuantías se congelan, si bien se añaden dos tramos nuevos para las unidades con ingresos más altos (de 205% a 215% del IPREM, y más de 215% del IPREM). Para estos dos tramos se contempla una subida del importe mensual del módulo de 23,4 euros y 47,4 euros, respectivamente.
De igual manera, se crean tres tramos más en los precios públicos del servicio de atención a domicilio. Hasta ahora, el último tramo recogía a las personas con rentas superiores al 240% del IPREM, para las que se establecía un precio único de 15,05 euros por hora. El proyecto contempla un tramo del 240% al 260% del IPREM, que mantiene este precio; un segundo tramo del 260% al 280% del IPREM, con 15,55 euros por hora; y un último tramo para rentas superiores al 280% del IPREM, con 16,05 euros por hora.
La mayor rebaja de precios públicos se realiza en el servicio de comida y cena del servicio de atención domiciliaria: para los tramos de renta más bajos se contemplan precios un 66% más bajos. Así, el precio de comida pasa de 1,5 euros a 0,50 euros para rentas inferiores al IPREM, y el precio del servicio de cena, de 1 euro a 0,50 euros. El proyecto contempla precios inferiores para todos los tramos, excepto para el último tramo, que recoge a personas con rentas superiores al 260% del IPREM, para las que se congela el precio de este año 2015 (7,70 euros la comida y 5,65 euros la cena).
Modificaciones en las ordenanzas
El proyecto contempla la modificación de cinco ordenanzas fiscales. Las principales modificaciones afectan a la ordenanza número 9, que regula las tasas por prestación de servicios de vigilancia especial y a la ordenanza número 11, que fija las tasas por retirada de vehículos y su custodia. Así, con respecto a las tasas por prestar servicios de vigilancia, se añade expresamente en el texto las “pruebas deportivas y eventos que exijan la inscripción para participar a cambio de un precio”. Se trata de cobrar a los organizadores de eventos una tasa por el uso de servicios municipales (Policía Municipal, por ejemplo) para cubrir en parte el coste extra que supone para la ciudad. Las tasas son de 31,75 euros/hora por cada miembro de la Policía Municipal que intervenga; 4,05 euros/hora por cada coche patrulla que se utilice; y 3,55 euros/hora por cada moto que se utilice. Quedan exentas de tasas los eventos organizados por entidades sin fines lucrativos y para actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto o finalidad específica de dichas entidades.
Con respecto a las tasas por retirada de vehículos de la vía pública y custodia posterior, así como por inmovilización de vehículos en la vía pública, el proyecto introduce dos modificaciones. La primera exime de la tasa de grúa a los vehículos retirados de zona de estacionamiento regulado cuando posteriormente se demuestre que antes de la denuncia se había puesto el ticket o pagado por Telpark. La segunda modificación introduce la posibilidad de aplazar o fraccionar las tasas por grúa, custodia o inmovilización, de forma que puedan ser abonadas por personas en situaciones económicas difíciles.
También se modifica la ordenanza número 1, que afecta a la contribución territorial. La propuesta comprende la actualización del tipo de gravamen que se aplica en la contribución urbana, lo que permitirá mantener la recaudación total de la contribución a pesar de que vaya produciéndose una depreciación del valor catastral de los inmuebles de la ciudad. Así, se modificará el tipo de gravamen proporcionalmente a esa depreciación por antigüedad, manteniendo el contribuyente el pago similar al que ha realizado en 2015. Este criterio es el mismo que viene aplicándose años atrás.
El proyecto propone además modificar la ordenanza número 11, que regula las tasas para autorizaciones y realización de actividades administrativas de control en materia de protección ambiental y actividades inocuas. Hasta ahora, por cualquier modificación se exigía el pago de la tasa completa de declaración responsable (589 euros). Con esta modificación, se pretende que las variaciones en la denominación de la actividad que no conlleven la realización de obras no generen tasa completa, sino solamente el pago de la tasa de 6,75 euros.
Por último, las modificaciones afectan a la ordenanza fiscal 0, que ordena la gestión, recaudación e inspección, y básicamente consisten en elevar la cuantía mínima de las deudas a efectos de notificación, ya que de otra manera se daría la circunstancia de que el coste de la notificación sería más oneroso que el cobro de dicha deuda.
